Gobierno Corporativo

Por la Contraloría General de la República. 07/10/2020

Transformación Digital: una ruta de eficiencia como base de las reformas del Estado.

• La transformación digital propicia eficiencia en el uso de los recursos y genera ahorros para el Estado, tanto a nivel institucional como desde la perspectiva integral.

• Para alcanzar los beneficios de la transformación digital en el sector público es necesario potenciar los factores que contribuyen a la integración de los actores, mediante el fortalecimiento de la gobernanza digital.

• Ante la necesidad de reformas del Estado, la transformación digital permitirá mejorar el diseño institucional, repensar las competencias y atribuciones normativas; así como, fortalecer los modelos de gestión pública.

Relevancia

En la actualidad, la Administración Pública se encuentra inmersa en un entorno complejo que requiere de soluciones novedosas e innovadoras para responder a los múltiples problemas que enfrenta la sociedad, para lo cual es necesario alcanzar niveles de eficiencia en la gestión pública, tanto a nivel institucional como desde una perspectiva sistémica, que permita obtener los beneficios y las bondades de una visión integral. Ante esta situación, la transformación digital permite generar respuestas y oportunidades al sector público para que pueda continuar y mejorar la prestación de los servicios. Esta reflexión forma parte de un conjunto de reflexiones que abordan el tema de la transformación digital en el Sector Público, el cual toma relevancia en este contexto de emergencia.

Transformación Digital y eficiencia institucional

El sector público se encuentra en un contexto muy complejo y con retos importantes, ya que la pandemia configura uno de los desafíos más grandes en la era moderna. Las implicaciones abarcan distintos ámbitos, entre ellos, la salud, la economía, así como, temas sociales y ambientales, y particularmente en nuestro país se desarrolla bajo una comprometida situación fiscal, tanto por su punto de partida con un alto déficit fiscal y un fuerte endeudamiento, como por la disminución de los ingresos públicos producto de la contracción de la economía.

Bajo este escenario, es fundamental que el Sector Público transforme su gestión, apoyándose en la transformación digital, de manera que se propicie la eficiencia de las instituciones sobre el uso de los recursos y esto se convierta en ahorros para el Estado. A partir de estimaciones de la Contraloría General, para el periodo 2010-2018 se evidenciaron potenciales ahorros  que oscilan entre el 2,5% y 2,9% del PIB bajo un escenario de integración sectorial, que implica interacción entre las organizaciones exclusivamente dentro de un mismo sector. Estos niveles serían mayores, si derivaran de la interacción de los distintos actores institucionales, con una visión común, partiendo de una gobernanza digital que considere objetivos comunes, pues, ante esta eficiencia integral los márgenes de ahorro aumentan hasta alcanzar valores de 8,3% y 8,5% del PIB.

Por lo tanto, es importante para el país, que se tomen las medidas que permitan mejorar la eficiencia, aprovechando las oportunidades que trae consigo la transformación digital e implementar los ajustes requeridos dentro de las organizaciones, los cuales involucran cambios culturales, en sus procesos y la estrategia, además de una visión sistémica, tomando como punto de partida el fortalecimiento de la integración a nivel del sector público mediante la gobernanza digital.

Gobernanza y transformación digital 

Para alcanzar los beneficios de la transformación digital dentro del sector público es necesario potenciar los factores que contribuyen con la integración de los distintos actores, los cuales permitirán superar barreras estructurales que históricamente han limitado su eficiencia. Al respecto, la aplicación de nuevos modelos de gobernanza a la gestión pública ha tomado mayor relevancia al momento de explicar las interrelaciones entre las partes interesadas y su impacto en la generación de valor público.

En cuanto al concepto de gobernanza digital resulta relevante diferenciarlo del gobierno digital, de tal forma que la primera abarca la interacción entre las partes en un entorno marcado por reglas y normativa desde una perspectiva sistémica, por su parte el gobierno digital se enfoca en la implementación y uso de tecnologías digitales como parte de la gestión pública.

Cabe añadir, que en un entorno en donde la Administración Pública se ve inmersa en cambios constantes, tanto en la forma en que se brindan los servicios públicos como en las necesidades de la ciudadanía que se atienden, es necesario consolidar un modelo de gobernanza claro, que permita el establecimiento de roles y trabajo conjunto con miras a lograr una mejora en términos de eficacia, eficiencia, participación ciudadana y transparencia, todo en un marco que propicie la rendición de cuentas y el cumplimiento de la normativa. En ese marco, Costa Rica continúa enfrentando grandes desafíos en el modelo actual de gobernanza digital, las cuales se convierten en aspectos relevantes de mejora, que permitan a la Administración Pública la implementación de las reformas institucionales y del Estado requeridas para garantizar la eficiencia, la continuidad en la prestación de los servicios públicos y la optimización de los procesos.

Una oportunidad para la reforma del Estado

Desde una perspectiva integral, la transformación digital puede contribuir de manera horizontal a mejorar el diseño institucional de la Administración Pública, de tal manera que la implementación de las reformas del Estado requeridas, pueda llevarse a cabo bajo estándares de alta eficiencia respondiendo a las necesidades ciudadanas.

Ante la necesidad actual de Costa Rica para efectuar dichas reformas del Estado que permitan superar las barreras que históricamente han limitado el buen funcionamiento de la Administración Pública, el país debe aprovechar la oportunidad que trae consigo la transformación digital para mejorar el diseño institucional, repensar las competencias y atribuciones otorgadas por la normativa vigente y fortalecer los modelos de gestión pública en busca de mayores niveles de eficiencia, garantizando la continuidad y sostenibilidad en la prestación de los servicios.

Ahora más que nunca se reconoce que la transformación digital amplía las perspectivas y posibilidades de las instituciones, para innovar y buscar nuevas formas de brindar los servicios públicos y garantizar la continuidad y cobertura aún en condiciones adversas. Además, es un elemento necesario para las reformas del Estado en búsqueda de mayores eficiencias.

Conclusión

En un contexto de incertidumbre y alta volatilidad, la transformación digital resulta en una oportunidad para superar las barreras estructurales que limitan la obtención de mayores niveles de eficiencia, eficacia de la gestión pública y que consecuentemente repercute en la prestación continua y eficiente de los servicios públicos. Esa transformación digital se convierte también en un apoyo o base para las reformas estructurales necesarias en el país. Esas reformas implican cambios importantes en la gestión pública, las cuales permitan incrementar la capacidad de adaptarse y responder a las necesidades ciudadanas bajo una perspectiva sistémica e integrada, fortaleciendo la gobernanza digital.

Por el Banco Mundial. 07/10/2020

La inclusión financiera es un factor clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad.

Alrededor de 2.500 millones de personas no utilizan servicios financieros formales y el 75 % de los pobres no tiene cuenta bancaria. La inclusión es clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad.

La inclusión financiera significa, para personas físicas y empresas, tener acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades —transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro— prestados de manera responsable y sostenible.

Poder tener acceso a una cuenta de transacciones es un primer paso hacia una inclusión financiera más amplia, ya que permite a las personas guardar dinero y enviar y recibir pagos. Una cuenta de transacciones también puede servir como puerta de acceso a otros servicios financieros. Por ello, garantizar que las personas de todo el mundo puedan tener acceso a una cuenta de transacciones es el centro de atención de la Iniciativa de Acceso Universal a Servicios Financieros para 2020 (UFA2020) del Grupo Banco Mundial (GBM).

El acceso a servicios financieros facilita la vida cotidiana y ayuda a las familias y las empresas a planificar para todo, desde los objetivos a largo plazo hasta las emergencias imprevistas. Es más probable que, en calidad de titulares de cuentas, las personas usen otros servicios financieros, como créditos y seguros, para iniciar y ampliar negocios, invertir en educación o salud, gestionar riesgos y sortear crisis financieras, todo lo cual puede mejorar su calidad general de vida.

• La inclusión financiera se está convirtiendo en una prioridad para las autoridades, los órganos encargados de las reglamentaciones y los organismos de desarrollo a nivel mundial.
• Se ha determinado que la inclusión financiera es un factor que propicia 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• El Grupo de los Veinte (G-20) se comprometió a promover la inclusión financiera en todo el mundo y reafirmó su compromiso de aplicar los Principios de Alto Nivel del G-20 para la Inclusión Financiera Digital.

Desde 2010, más de 55 países se han comprometido a implementar la inclusión financiera, y más de 30 de ellos han puesto en marcha o están preparando una estrategia nacional al respecto. Las investigaciones realizadas en el GBM indican que el ritmo y el impacto de las reformas aumentan cuando un país aplica una estrategia nacional de inclusión financiera.

Los países que han logrado más avances con miras a la inclusión financiera son los que han creado un entorno normativo y reglamentario propicio, y han fomentado la competencia permitiendo a las instituciones bancarias y no bancarias innovar y ampliar el acceso a servicios financieros. Sin embargo, la creación de este espacio innovador y competitivo debe ir acompañada de reglamentaciones y medidas de protección del usuario apropiadas para garantizar la prestación responsable de servicios financieros.

La tecnología financiera digital, y en particular el aumento del uso de teléfonos móviles a nivel mundial, han facilitado la ampliación del acceso de las pequeñas empresas y poblaciones difíciles de alcanzar a servicios financieros a un costo más bajo y con menos riesgo:

• Los documentos de identidad digitales hacen más fácil que nunca abrir una cuenta.
• La digitalización de los pagos en efectivo ha permitido que más personas empiecen a usar cuentas de transacciones.
• Los servicios financieros por telefonía móvil permiten que haya un acceso conveniente aún en las zonas remotas.
• La mayor disponibilidad de datos sobre los clientes permite a los proveedores diseñar productos financieros digitales que se adaptan mejor a las necesidades de las personas no bancarizadas.

A medida que los países han acelerado sus esfuerzos con miras a la inclusión financiera, ha quedado en evidencia que ellos enfrentan obstáculos similares que les impiden avanzar. Estos obstáculos comprenden:

• Garantizar que el acceso y los servicios financieros lleguen a las poblaciones difíciles de alcanzar, como las mujeres y los pobres de las zonas rurales;
• Aumentar la capacidad y los conocimientos financieros de los ciudadanos para que puedan entender los diferentes servicios y productos financieros;
• Asegurar que todos tengan documentos de identidad válidos y que se puedan legalizar fácilmente y a un bajo costo;
• Idear productos financieros útiles y pertinentes, que se adapten a las necesidades de los usuarios;
• Establecer marcos sólidos de protección del usuario de servicios financieros, y adaptar las pertinentes entidades responsables de la reglamentación y la supervisión, por ejemplo, utilizando la tecnología para mejorar la supervisión (la tecnología al servicio del cumplimiento de las reglamentaciones del sector financiero [RegTech]);
• En todo el mundo, la falta de documento de identidad dificulta abrir una cuenta bancaria, tener acceso al capital o al crédito.

Por Carlos Santiso, Director de Innovación Digital del Estado en CAF. 07/10/2020

El papel del Estado en la era digital post COVID-19

La crisis de COVID-19 está poniendo a prueba nuestra resiliencia digital global, y ha revelado la importancia de la infraestructura digital de un país como columna vertebral de la economía, no solo como un facilitador. Los gobiernos digitalmente avanzados, como Estonia, han podido poner todas sus burocracias en modo remoto en cuestión de días sin mayores interrupciones. Y algunas pruebas preliminares incluso sugieren que su productividad aumentó durante el confinamiento.

Con la crisis, los costos de no volverse digital han superado en gran medida los riesgos. Los países y ciudades rezagados se han dado cuenta de la necesidad de impulsar su resiliencia digital y acelerar su transformación digital. España, por ejemplo, adoptó un ambicioso plan para inyectar 70.000 millones de euros en su transformación digital durante los próximos cinco años, con la agenda España Digital 2025, que comprende 10 prioridades y 48 medidas. En el caso de Brasil, el país ya estaba dando pasos hacia la transformación digital de su sector público antes de que golpeara la crisis de Covid-19. La crisis está acelerando esta transformación.

Mucho antes de que estallara la crisis, la revolución digital impulsada por los datos estaba empujando a los gobiernos a modernizarse y ser más ágiles, abiertos y receptivos. Pero el progreso ha sido desigual, obstaculizado por una variedad de factores, desde la resistencia política hasta las restricciones presupuestarias. La digitalización requiere el tipo de reformas gubernamentales que necesitan fuerza política y visión a largo plazo para romper los silos de datos tradicionales dentro de las burocracias, celosas de preservar su poder. En las burocracias, la información es poder. Ahora, la información se ha vuelto omnipresente y los datos que gobiernan, un desafío crítico.

Reducir la burocracia será fundamental para la recuperación. Muchos gobiernos están acelerando la simplificación regulatoria y la racionalización administrativa para reiniciar los sectores económicos más afectados. La digitalización está restableciendo la relación entre estados y ciudadanos, una revolución copernicana para nuestras burocracias basadas en reglas.

En abril pasado, el Gobierno Federal brasileño actualizó su estrategia de gobierno digital para los próximos dos años. Su objetivo declarado es reducir los costos de burocracia que obstaculizan la competitividad y generalizar los servicios digitales para reducir la interacción humana, que ha sido una de las fuentes tanto de corrupción como de infección bajo la crisis de COVID-19. Esta agenda de desburocratización ocupó un lugar destacado en el discurso sobre el estado de la unión del presidente Jair Bolsonaro a principios de este año, enfatizando los beneficios competitivos de la digitalización. Desde enero de 2019, el Gobierno Federal ha digitalizado 768 servicios, lo que representa un ahorro de USD 440 millones. En el índice semestral de madurez del gobierno digital publicado en julio pasado por las Naciones Unidas, Brasil ocupa el cuarto lugar de la región (54 en el mundo), y entre los 20 primeros del mundo en servicios públicos digitales.

La crisis de COVID-19 está derribando muchas barreras y permitiendo a los reformadores avanzar rápidamente en reformas críticas, como una identidad digital universal, firmas digitales seguras, pagos digitales ágiles y plataformas de interoperabilidad para compartir información entre agencias gubernamentales. La crisis ha convencido a cada uno de los imperativos digitales. “La crisis no es cuestionar la dirección a seguir”, dice Luis Felipe Monteiro, secretario de gobierno digital de Brasil. "Lo está impulsando".

La crisis también está acelerando la demanda de servicios digitales gubernamentales por parte de ciudadanos que hasta hace poco se mostraban reacios a utilizarlos. Solo el 5% de los latinoamericanos usaban servicios digitales gubernamentales antes de la crisis de COVID-19. Después de meses de confinamiento, las personas se han acostumbrado más a acceder a los servicios públicos y a las transacciones gubernamentales en línea. Los nativos digitales esperan mejores servicios, en términos de calidad y velocidad, así como la capacidad de los gobiernos para simplificar sus vidas y anticipar sus necesidades. Incluso antes de la crisis de COVID-19, el descontento social en toda América Latina a fines de 2019 reflejaba la crisis de confianza en el gobierno arraigada en servicios públicos deficientes y corrupción generalizada. Ahora se están agregando nuevos desafíos a estos viejos problemas, pero las demandas de un mejor gobierno permanecerán.

Como resultado, se prevé que el gasto público en tecnología aumente aún más en los próximos años. Sin embargo, la contratación pública de tecnología sigue siendo engorrosa, reacia al riesgo y en desacuerdo con el ritmo de la transformación digital. Al mismo tiempo, el gobierno digital está haciendo que el gobierno sea más barato, más rápido, más simple y más transparente. En Brasil, país que emite 764 regulaciones por día, el laberinto de la burocracia cuesta entre el 1,45% y el 2,76% del PIB, según estimaciones recientes. El Ministerio de Economía espera que la digitalización pueda ahorrarle al gobierno hasta US $ 60 millones por año.

“La gente espera gobiernos más ágiles y capaces de experimentar con nuevas formas de hacer las cosas. Las burocracias también están desarrollando un mayor apetito por la innovación, impulsadas por la demanda de la sociedad para corregir la disfunción burocrática”, reconoce Bruna Santos, directora ejecutiva de la Escuela Nacional de Gobierno de Brasil. A medida que los presupuestos tecnológicos de los gobiernos se expanden, las burocracias deben poder probar las soluciones digitales antes de escalarlas.

En este contexto, “las empresas emergentes de govtech ofrecen el tipo de asociaciones público-privadas para la innovación que se necesitan”, dice Letícia Piccolotto, fundadora de BrazilLab, una aceleradora líder de govtech, térmico que hace referencia a las empresas emergentes basadas en tecnología que utilizan inteligencia de datos, tecnologías digitales y metodologías innovadoras para brindar servicios para resolver problemas públicos, aumentando la eficiencia y la transparencia en la provisión de servicios públicos. Los gobiernos pueden catalizar la innovación tecnológica y el espíritu empresarial digital a través de su poder de adquisición y, al mismo tiempo, fomentar nuevos mercados de crecimiento para las empresas emergentes y las ampliaciones locales.

Los ecosistemas de govtech aún están madurando, pero su potencial de crecimiento es significativo en el mundo post COVID-19. En CAF, desarrollamos un índice de madurez de los ecosistemas govtech de la región. Junto con Chile, Brasil se ubica en las primeras posiciones, sin embargo, con margen de mejora. El Gobierno Federal brasileño está promoviendo este impulso, simplificando la burocracia para las nuevas empresas y flexibilizando sus reglas de contratación para adquirir innovaciones de govtech.

La crisis del coronavirus está dejando en claro que el futuro de la burocracia es digital. La crisis obliga a las burocracias gubernamentales a "innovar, racionalizar y aplanar las jerarquías como nunca antes", dice Patricia Paskov, del Banco Mundial, y al hacerlo, no solo mejorará la gestión pública de hoy, "sino que también desarrollará su resiliencia para el mañana".

Como dijo Winston Churchill, “nunca dejes que una buena crisis se desperdicie”. Esto requerirá nuevas formas de hacer negocios en el gobierno y nuevas formas de asociaciones público-privadas para acelerar la innovación. En este restablecimiento del Estado, las empresas emergentes de govtech se están convirtiendo en aliados inesperados de los gobiernos en la carrera hacia la resiliencia digital. En Brasil y en otros lugares, govtech bien puede ser la clave para frenar la corrupción y reconstruir la confianza entre los ciudadanos y el estado en la era post COVID-19.