Gobierno Corporativo

Por la Contraloría General de la República. 07/10/2020

Transformación Digital: una ruta de eficiencia como base de las reformas del Estado.

• La transformación digital propicia eficiencia en el uso de los recursos y genera ahorros para el Estado, tanto a nivel institucional como desde la perspectiva integral.

• Para alcanzar los beneficios de la transformación digital en el sector público es necesario potenciar los factores que contribuyen a la integración de los actores, mediante el fortalecimiento de la gobernanza digital.

• Ante la necesidad de reformas del Estado, la transformación digital permitirá mejorar el diseño institucional, repensar las competencias y atribuciones normativas; así como, fortalecer los modelos de gestión pública.

Relevancia

En la actualidad, la Administración Pública se encuentra inmersa en un entorno complejo que requiere de soluciones novedosas e innovadoras para responder a los múltiples problemas que enfrenta la sociedad, para lo cual es necesario alcanzar niveles de eficiencia en la gestión pública, tanto a nivel institucional como desde una perspectiva sistémica, que permita obtener los beneficios y las bondades de una visión integral. Ante esta situación, la transformación digital permite generar respuestas y oportunidades al sector público para que pueda continuar y mejorar la prestación de los servicios. Esta reflexión forma parte de un conjunto de reflexiones que abordan el tema de la transformación digital en el Sector Público, el cual toma relevancia en este contexto de emergencia.

Transformación Digital y eficiencia institucional

El sector público se encuentra en un contexto muy complejo y con retos importantes, ya que la pandemia configura uno de los desafíos más grandes en la era moderna. Las implicaciones abarcan distintos ámbitos, entre ellos, la salud, la economía, así como, temas sociales y ambientales, y particularmente en nuestro país se desarrolla bajo una comprometida situación fiscal, tanto por su punto de partida con un alto déficit fiscal y un fuerte endeudamiento, como por la disminución de los ingresos públicos producto de la contracción de la economía.

Bajo este escenario, es fundamental que el Sector Público transforme su gestión, apoyándose en la transformación digital, de manera que se propicie la eficiencia de las instituciones sobre el uso de los recursos y esto se convierta en ahorros para el Estado. A partir de estimaciones de la Contraloría General, para el periodo 2010-2018 se evidenciaron potenciales ahorros  que oscilan entre el 2,5% y 2,9% del PIB bajo un escenario de integración sectorial, que implica interacción entre las organizaciones exclusivamente dentro de un mismo sector. Estos niveles serían mayores, si derivaran de la interacción de los distintos actores institucionales, con una visión común, partiendo de una gobernanza digital que considere objetivos comunes, pues, ante esta eficiencia integral los márgenes de ahorro aumentan hasta alcanzar valores de 8,3% y 8,5% del PIB.

Por lo tanto, es importante para el país, que se tomen las medidas que permitan mejorar la eficiencia, aprovechando las oportunidades que trae consigo la transformación digital e implementar los ajustes requeridos dentro de las organizaciones, los cuales involucran cambios culturales, en sus procesos y la estrategia, además de una visión sistémica, tomando como punto de partida el fortalecimiento de la integración a nivel del sector público mediante la gobernanza digital.

Gobernanza y transformación digital 

Para alcanzar los beneficios de la transformación digital dentro del sector público es necesario potenciar los factores que contribuyen con la integración de los distintos actores, los cuales permitirán superar barreras estructurales que históricamente han limitado su eficiencia. Al respecto, la aplicación de nuevos modelos de gobernanza a la gestión pública ha tomado mayor relevancia al momento de explicar las interrelaciones entre las partes interesadas y su impacto en la generación de valor público.

En cuanto al concepto de gobernanza digital resulta relevante diferenciarlo del gobierno digital, de tal forma que la primera abarca la interacción entre las partes en un entorno marcado por reglas y normativa desde una perspectiva sistémica, por su parte el gobierno digital se enfoca en la implementación y uso de tecnologías digitales como parte de la gestión pública.

Cabe añadir, que en un entorno en donde la Administración Pública se ve inmersa en cambios constantes, tanto en la forma en que se brindan los servicios públicos como en las necesidades de la ciudadanía que se atienden, es necesario consolidar un modelo de gobernanza claro, que permita el establecimiento de roles y trabajo conjunto con miras a lograr una mejora en términos de eficacia, eficiencia, participación ciudadana y transparencia, todo en un marco que propicie la rendición de cuentas y el cumplimiento de la normativa. En ese marco, Costa Rica continúa enfrentando grandes desafíos en el modelo actual de gobernanza digital, las cuales se convierten en aspectos relevantes de mejora, que permitan a la Administración Pública la implementación de las reformas institucionales y del Estado requeridas para garantizar la eficiencia, la continuidad en la prestación de los servicios públicos y la optimización de los procesos.

Una oportunidad para la reforma del Estado

Desde una perspectiva integral, la transformación digital puede contribuir de manera horizontal a mejorar el diseño institucional de la Administración Pública, de tal manera que la implementación de las reformas del Estado requeridas, pueda llevarse a cabo bajo estándares de alta eficiencia respondiendo a las necesidades ciudadanas.

Ante la necesidad actual de Costa Rica para efectuar dichas reformas del Estado que permitan superar las barreras que históricamente han limitado el buen funcionamiento de la Administración Pública, el país debe aprovechar la oportunidad que trae consigo la transformación digital para mejorar el diseño institucional, repensar las competencias y atribuciones otorgadas por la normativa vigente y fortalecer los modelos de gestión pública en busca de mayores niveles de eficiencia, garantizando la continuidad y sostenibilidad en la prestación de los servicios.

Ahora más que nunca se reconoce que la transformación digital amplía las perspectivas y posibilidades de las instituciones, para innovar y buscar nuevas formas de brindar los servicios públicos y garantizar la continuidad y cobertura aún en condiciones adversas. Además, es un elemento necesario para las reformas del Estado en búsqueda de mayores eficiencias.

Conclusión

En un contexto de incertidumbre y alta volatilidad, la transformación digital resulta en una oportunidad para superar las barreras estructurales que limitan la obtención de mayores niveles de eficiencia, eficacia de la gestión pública y que consecuentemente repercute en la prestación continua y eficiente de los servicios públicos. Esa transformación digital se convierte también en un apoyo o base para las reformas estructurales necesarias en el país. Esas reformas implican cambios importantes en la gestión pública, las cuales permitan incrementar la capacidad de adaptarse y responder a las necesidades ciudadanas bajo una perspectiva sistémica e integrada, fortaleciendo la gobernanza digital.

Los principios de Gobierno Corporativo

Los principios ayudan a los legisladores a evaluar y mejorar el marco legislativo, reglamentario e institucional del gobierno corporativo, con el objetivo de favorecer la eficiencia económica, la estabilidad financiera y el crecimiento económico sostenible. Esto se consigue, principalmente, proporcionando a los accionistas, consejeros y directivos de las empresas, así como a los intermediarios financieros y a los proveedores de servicios, los incentivos adecuados para desempeñar sus funciones dentro de un marco de controles y contrapesos.

Los principios son concisos, comprensibles y accesibles para la comunidad internacional. Basándose en los principios, es rol de los gobiernos, las administraciones o el sector privado evaluar la calidad del marco de gobierno corporativo y desarrollar normas obligatorias o voluntarias más detalladas que puedan tener en cuenta las diferencias jurídicas, económicas y culturales de cada país.

Los principios se centran en empresas cotizadas, tanto financieras como no financieras. En la medida en que se consideren aplicables, también pueden resultar una herramienta muy útil para mejorar el gobierno corporativo de empresas no cotizadas. A pesar de que algunos de los principios pueden resultar más adecuados para las empresas grandes que para las pequeñas, los legisladores pueden estar interesados en crear conciencia de las ventajas que conlleva un buen gobierno corporativo para todo tipo de empresas, incluidas las de pequeño tamaño y las no cotizadas.

El gobierno corporativo de una sociedad implica el establecimiento de un conjunto de relaciones entre la dirección de la empresa, su consejo de administración, sus accionistas y otros actores interesados. El gobierno corporativo proporciona también la estructura a través de la cual se fijan los objetivos de la sociedad y se determina la forma de alcanzarlos y supervisar su consecución.

Los principios no tienen por objeto prejuzgar ni pronosticar las decisiones de negocio de los participantes en el mercado, consejeros y directivos. Lo que funciona para una empresa o para un grupo de inversores puede no ser adecuado para otros o no resultar de importancia para el conjunto de la economía.

Los principios reconocen los intereses de los empleados y de otros actores interesados, así como su contribución al éxito de la empresa en el largo plazo. También se toman en cuenta en los principios otros factores que influyen en el proceso de toma de decisiones de una empresa, como el medio ambiente, la ética empresarial o las prácticas anticorrupción, aunque se traten de una forma más específica en otros instrumentos como las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, el convenio de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas y la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, mencionados en los principios.

Los principios se elaboran sabiendo que las políticas de gobierno corporativo desempeñan un papel importante a la hora de alcanzar objetivos económicos más amplios relacionados con la confianza de los inversores y la formación y asignación de capital. La calidad del gobierno corporativo influye en el coste que tiene para las empresas el acceso al capital necesario para su crecimiento, así como en la confianza que necesitan aquellos que aportan —directa o indirectamente— dicho capital para participar en la creación de valor de una forma justa y equitativa. De esta forma, el conjunto de normas y prácticas de gobierno corporativo proporcionan un marco que contribuye a cerrar la brecha que existe en la economía real entre el ahorro privado y la inversión. Como consecuencia de ello, el buen gobierno corporativo reafirma el convencimiento de accionistas y otros actores interesados de que sus derechos se encuentran debidamente protegidos, posibilitando que las empresas reduzcan sus costes de capital y facilitando su acceso a los mercados de capitales.

Esto resulta de una gran importancia en los actuales mercados de capitales globalizados. Los flujos internacionales de capitales permiten a las empresas acceder a la financiación procedente de un mayor número de inversores. Si las empresas y los países desean aprovechar todos los beneficios de los mercados de capitales globales, así como atraer el capital “paciente” de largo plazo, las normas de gobierno corporativo deben ser creíbles, bien entendidas en todos los países y deben seguir principios internacionalmente aceptados. Aun cuando las empresas no dependan principalmente de capital extranjero, un marco de gobierno corporativo creíble, sustentado por mecanismos de control y supervisión eficaces, ayuda a aumentar la confianza de los inversores nacionales, reduce el coste del capital, mejora el buen funcionamiento de los mercados de capitales y, en última instancia, atrae fuentes de financiación más estables.

No existe un único modelo de buen gobierno corporativo. No obstante, existen algunos elementos comunes que subyacen a todos ellos. Los principios se asientan sobre estos elementos comunes y han sido formulados para abarcar los diferentes modelos existentes. Por ejemplo, no se propone una estructura concreta de consejo de administración, sino que el término “consejo” se emplea en los principios de forma que pueda acoger los diferentes modelos nacionales de órganos de administración. En el típico sistema de dos niveles que existe en muchos países, el “consejo” del que se habla en los principios se refiere al “consejo de supervisión”, y cuando se habla de “ejecutivos principales” se está aludiendo al “órgano de administración”. Los principios relativos al consejo también pueden ser aplicados, mutatis mutandis, en aquellos sistemas en los que existe un único consejo supervisado por un órgano de auditoría interna. Dado que la definición del término “ejecutivo principal” puede variar en las diferentes jurisdicciones y en función del contexto (por ejemplo, en lo que se refiere a remuneraciones y operaciones con partes vinculadas), los principios dejan que sea cada jurisdicción la que defina este término de una forma funcional para obtener así el resultado pretendido en los mismos. Los términos “empresa” y “sociedad” se emplean con el mismo sentido.

Los principios no son vinculantes, y no pretenden ser un catálogo detallado de prescripciones para la legislación nacional. Al contrario, pretenden identificar objetivos y proponer varias formas de alcanzarlos. Los principios tratan de aportar una referencia firme, pero lo bastante flexible como para que los legisladores y los participantes en el mercado puedan desarrollar sus propios marcos de gobierno corporativo. Para poder seguir siendo competitivas en un mundo cambiante, las empresas deben innovar y adaptar sus prácticas de gobierno corporativo al objeto de satisfacer las nuevas demandas del mercado y aprovechar nuevas oportunidades. Teniendo en cuenta los costes y los beneficios de la regulación, los gobiernos tienen la importante responsabilidad de establecer un marco regulatorio eficaz, que proporcione la suficiente flexibilidad a los mercados para que funcionen de forma eficiente y respondan a las nuevas expectativas de los accionistas y otros actores interesados.

Los principios están siendo ampliamente utilizados como marco de referencia en diferentes jurisdicciones de todo el mundo. Asimismo, se encuentran entre las normas fundamentales de los sistemas financieros sólidos adoptadas por el Consejo de Estabilidad Financiera y proporcionan la base de valoración del componente de gobierno corporativo incluido en los Informes relativos a la observancia de códigos y normas del Banco Mundial.

Los principios son, por naturaleza, un documento destinado a evolucionar, y se revisan a la luz de los cambios más relevantes que se producen en cada momento, al objeto de mantener su papel como instrumento fundamental para los desarrollos legislativos en el campo del gobierno corporativo.