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Formas de respetar nuestro derecho a la información verídica
Uno de los objetivos de la comunicación es que los mensajes lleguen de manera precisa a los diferentes públicos.
Precisamente para asegurar una transmisión adecuada de los mensajes existen algunas herramientas que tal vez usted ha leído o escuchado en algún momento: los campos pagados, derechos de respuesta y aclaraciones.
Aunque pueden confundirse, tienen aspectos diferenciadores y objetivos específicos.
En el caso de los campos pagados, son espacios que se compran a los medios de comunicación de cualquier formato, con el objetivo de publicar un mensaje controlado, directo, conciso y breve.
Generalmente se tratan de posiciones o aclaraciones respecto a diferentes temas de interés nacional. Se diferencian de la publicidad tradicional debido a su diseño, que es sencillo y formal comparado a las distintas estrategias gráficas para llamar la atención; busca informar y esclarecer en lugar de vender algún servicio o producto y tiene una connotación seria y en cierto grado, de credibilidad.
El derecho de respuesta, por su parte, tiene sustento legal en la Ley de Jurisdicción perfilado por los diferentes fallos que ha emitido la Sala Constitucional, además, fue ratificado en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Se trata del derecho de solicitar a la prensa la publicación de un mensaje apegado a la veracidad, cuando se considere que una noticia incluyera informaciones inexactas o agraviantes que afecten a una organización. Esta nueva difusión debe realizarse en las mismas condiciones que la primera en cuanto a tiempo o espacio, público meta y hora. Si el medio se niega a realizar esta acción, el interesado puede acudir a instancias constitucionales a defender su derecho.
Finalmente, la aclaración es una medida menos drástica en la que, echando mano a la buena voluntad del medio de comunicación, se solicita la transmisión de datos e informaciones menos sensibles, que permitan mejorar la calidad del mensaje transmitido, aunque en esta ocasión no es un acto obligatorio.
Todos estos instrumentos permiten cuidar la reputación de empresas e instituciones y, sobre todo, cumplir con el derecho que tenemos las personas de recibir información verídica y exacta.
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