Acciones contrarias a la justicia social y a la economía

Miguel Angel Rodríguez marodrige@gmail.com | Lunes 24 febrero, 2020  

Las reformas propuestas a la Ley de Protección al Trabajador para repartir anticipadamente los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Contributivas (ROP) y del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) son gravemente contrarias a la seguridad social que es la pieza fundamental de la justicia social, y afectarían muy negativamente al sector financiero y a las finanzas públicas, cuyo buen funcionamiento es esencial para el desarrollo económico. Eso las torna en amenazas a la paz social y al bienestar de los costarricenses.

El pasado 18 CONASSIF y SUPEN invitaron a la conmemoración de los 20 Años de vigencia de la Ley de Protección al Trabajador.

Los Presidentes del BCCR y de CONASSIF, el Superintendente de Pensiones ,la Viceministra de Trabajo, el Gerente de Pensiones de la CCSS, los representantes de UCCAEEP y del Estado de la Nación, el Presidente de la Asociación de Operadoras de Pensiones y en mi intervención “20 años protegiendo al trabajador: Logros y retos” (www.rodriguez.cr) coincidimos en lo dañinos que son esos proyectos para las pensiones de quienes terminen su vida laboral. El Sr Ministro de la Presidencia don Víctor Morales, quien fue una de las personas más importantes para la gestación y aprobación de la Ley de Protección al Trabajador cuando tuve el privilegio de que fungiera como Ministro de Trabajo en mi administración, también estuvo de acuerdo en la inconveniencia de esas reformas. Pero alegó razones políticas para ponerlo a discusión en la Asamblea Legislativa, y que allí se defienda la Reforma Social de Nuestro Tiempo contra los intereses electorales de quienes ceden ante la preferencia generalizada que tenemos las personas por un pequeño bien presente, aunque sea a costa de un grave daño futuro. Y no nos llamemos a engaño, el establecer esas medidas por un período limitado, no logra ocultar ni disfrazar su permanencia. Si ahora es políticamente oportuno ceder ante los intereses de corto plazo de los electores para tener ganancia electoral, ¿cuánto más atractivo será hacerlo al vencer esos períodos ya con el portillo abierto y el camino transitado?

Yo no puedo estar de acuerdo con esa posición de la Administración del Presidente Carlos Alvarado y espero desista de volver a convocar a sesiones extraordinarias ambos proyectos. Como ese día lo señalé, yo comparto con el Sr Presidente Carlos Alvarado su posición de que la responsabilidad de los gobernantes es actuar impidiendo abrir brechas contra los débiles y los pobres. Y deben hacerlo incluso aunque los pueblos se rindan ante la preferencia que todos tenemos por lo inmediato. Esa responsabilidad es aún mayor cuando se tiene el objetivo de cerrar brechas. En el diseño de nuestra institucionalidad deben las autoridades actuar igual que como lo deben hacer en el uso de los recursos naturales, sin perjudicar el bienestar de las generaciones futuras.

Ya en múltiples ocasiones he señalado los graves perjuicios que causan esas autorizaciones a retirar anticipadamente los recursos, pues reducen muy sensiblemente las futuras pensiones y los recursos para los trabajadores que pierdan su trabajo.

Ahora me interesa señalar los graves perjuicios que ocasionarían a la economía nacional.

Algunos pueden pensar que con estos atentados contra la seguridad social al menos se logra acelerar el crecimiento económico incrementando la demanda actual. Pero eso es falso. Uno de los principales determinantes del crecimiento es el nivel del ahorro nacional. Estas medidas además de sus perjuicios a la justicia social disminuirían el ahorro y por ende nuestro desarrollo, que más bien demanda estímulos para aumentar el ahorro nacional. Una de las mayores limitantes a nuestro crecimiento es el bajo porcentaje del ingreso que se ahorra, inferior a muchísimas naciones con niveles de ingreso por habitante similares al nuestro. La ley de Protección al Trabajador vino a aumentar nuestro escuálido ahorro con impresionantes resultados. (La Reforma Social de Nuestro Tiempo en WWW.rodriguez.cr)

Si se aprueban estas iniciativas las operadoras de pensiones para pagar los retiros deberían liquidar 138 mil millones de colones en este año, y de ese monto aproximadamente 97 mil millones son bonos del gobierno. Y en los cuatro años las cifras serían 266 mil millones de activos que se deben redimir o vender en el mercado secundario, de los cuales títulos del gobierno serían aproximadamente 186 mil millones. Esto bajaría su precio, aumentando el peso de los intereses sobre el déficit fiscal, e incluso podría por la fragilidad fiscal provocar un contagio financiero. El gobierno está pidiendo autorización de emitir bonos de deuda externa. Si se dan estas reformas, con ese nuevo endeudamiento externo deberá el gobierno sustituir los bonos que liquidarán las operadoras de pensiones. Al final de cuentas se estarían emitiendo eurobonos para facilitar recursos a quienes ponen en riesgo su bienestar en la vejez. Espero que el BCCR, CONASSIF, SUPEN y el Ministerio de Hacienda alerten sobre estos costos al gobierno y a la Asamblea Legislativa.

¿Será posible que las autoridades del Ejecutivo y las señoras y los señores diputados quieran agravar de esta manera la precaria situación fiscal, fuertemente debilitada por los resultados de 2019 y la perdida de calificación de nuestra deuda externa?